La Cámara de Diputados se transformó este miércoles en el centro de una fuerte disputa política que complicó al oficialismo, con una oposición unida que buscó asestar un duro golpe al Gobierno. Liderados por Unión por la Patria (UxP) y con el respaldo de diversas fuerzas, los legisladores buscaron desplazar al senador José Luis Espert de la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y aprobar cambios en la ley que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) impulsados por el presidente Javier Milei.
La jornada no fue una sesión más, ya que existieron coincidencias en el tratamiento de varios temas entre los sectores de la oposición, conformada por UxP, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda, los exlibertarios de Coherencia y los mandatarios provinciales.
La oposición avanzó con el proyecto de la diputada Victoria Tolosa Paz (UxP) que propuso apartar a José Luis Espert de la presidencia de la mencionada Comisión, y presentó otra iniciativa para solicitar directamente su expulsión como legislador. Tolosa Paz justificó su presentación al señalar que un cuerpo democrático “no puede funcionar en condiciones de bloqueo interno ni estar forzado sistemáticamente a recurrir a sesiones especiales con el solo objeto de emplazar a la Comisión de Presupuesto y Hacienda para tratar expedientes que deberían debatirse en su ámbito natural”.
La diputada de UxP fundamentó su segundo proyecto en las denuncias por los supuestos nexos de Espert con el narcotráfico, lo que a su entender constituyó una causal suficiente para que la Cámara evaluara la expulsión del economista.
Cambios a la ley de DNU e interpelaciones
El debate del miércoles se inició con las modificaciones a la ley que regula la implementación de los DNU y se cerró con el proyecto solicitado por los gobernadores sobre cambios en la coparticipación del Impuesto a los Combustibles Líquidos y Gas Natural. Ambas iniciativas ya contaron con la sanción del Senado y quedaron a un paso de convertirse en ley.
La limitación del uso de los DNU fue uno de los temas que más preocupó al oficialismo. La nueva propuesta estableció que un DNU deberá contar con ratificación parlamentaria cuando lo dispongan expresamente ambas cámaras por mayoría absoluta de los presentes, dentro de los 90 días corridos desde su publicación. Si transcurrido ese plazo no se trata en el Congreso, el decreto pierde vigencia.
La iniciativa señaló que “el rechazo del decreto por una de las Cámaras del Congreso de la Nación, o el vencimiento del plazo previsto en el artículo 22°, implicará su derogación, quedando a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia”. Actualmente, un DNU solo se rechaza si encuentra oposición en ambas cámaras, mientras que para su ratificación basta con la aprobación de una sola.
Finalmente, también se previeron interpelaciones a funcionarios. Los pedidos que ya contaron con dictámenes de comisión fueron las interpelaciones a Karina Milei y al ministro de Salud, Mario Lugones, por las denuncias sobre supuestos hechos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). De aprobarse, se fijaría una fecha para que los funcionarios concurran al recinto. En tanto, otros pedidos de interpelación a Luis Caputo y Guillermo Francos se emplazarían a las comisiones pertinentes. En el caso de Francos, los proyectos buscaron derivar en una moción de censura para desplazarlo de su cargo por no implementar la ley de Emergencia en Discapacidad.