Senadores se reunieron con abogados por la disolución de la Caja Forense

Durante el encuentro, los profesionales del derecho manifestaron su acuerdo en cada uno de los artículos y fundamentación, considerando que se trata de un pedido que se viene realizando desde hace un tiempo.

ACTUALIDAD 02/06/2020

La Comisión de Legislación General de la Cámara Alta presidida por el senador Ramón Edgardo Seco, se reunió esta mañana con autoridades del Colegio de Abogados, de la Caja Forense y abogados particulares, en marco del tratamiento que lleva adelante sobre el proyecto de Ley "Disolución de la Caja Forense de la Provincia e inicio de proceso de liquidación", impulsado por el senador Maximiliano Brumec.

Durante el encuentro, del que participaron además del Presidente, el autor de la iniciativa el senador Brumec y sus pares Jorge Solá Jais y Raúl Barot, los profesionales del derecho  manifestaron su acuerdo en cada uno de los artículos y fundamentación, considerando que se trata de un pedido que se viene realizando desde hace un tiempo.

“El proyecto en cuestión viene a resolver la problemática de profesionales que durante su vida apostaron a recibir beneficios de un organismo que no ha cumplido con el objetivo de su creación” manifiesta entre sus apreciaciones el proyecto que tiene por objetivo la derogación de la Ley Nº 2.789 de creación de la Caja Forense. En el mismo sentido, señala la necesidad de disolución e iniciar el proceso de liquidación de la misma según se estipula en el articulado.

De acuerdo a lo planteado por el Senador representante por la Capital, la derogación “tiene su base en garantizar a los abogados y procuradores los derechos reconocidos tanto en la Constitución Nacional como Provincial, que avalan condiciones dignas y equitativas de labor, con retribuciones justas, como así también, el derecho de propiedad, entendido por la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia como todos los intereses apreciables que el hombre puede poseer fuera de sí mismo, de su vida y de su libertad, por lo que, todos los bienes susceptibles de valor económico o apreciables en dinero alcanzan el nivel de derechos patrimoniales rotulados como derechos Constitucional de Propiedad”.

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