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Lanzarían amplia moratoria impositiva y previsional para empresas y personas humanas

La medida coincide con la caída de la recaudación y las dificultades de los contribuyentes en cumplir con los pagos.

ACTUALIDAD 18 de junio de 2020
AFIP edificio

Legisladores del oficialismo podrían presentar la semana próxima un proyecto de ley de moratoria impositiva, previsional y aduanera para personas humanas y todo tipo de empresas, en un contexto de caída de la recaudación y complicaciones de los contribuyentes para el pago de sus obligaciones, en medio de las restricciones a la actividad económica que impone la cuarentena por el coronavirus.

La propuesta contaría con el aval del presidente Alberto Fernández, quien días atrás adelantó su propósito de llevar a cabo una moratoria “para todo el mundo”, en atención a los reclamos de diferentes cámaras empresarias por los inconvenientes en el pago de obligaciones impositivas y previsionales, entre otras dificultades generadas por la caída del nivel de actividad.

Si bien la iniciativa parlamentaria aún está en elaboración y no se descartan consultas con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y el Ministerio de Economía para pulir detalles, pudo saberse que abarcará las deudas impositivas, previsionales y aduaneras hasta el 31 de mayo pasado y el plazo de inscripción vencería el 31 de agosto.

El frente fiscal es uno de los que más preocupa en los despachos oficiales, al punto que por las estrecheces financieras que provocó la caída de la recaudación en términos reales el Poder Ejecutivo dispuso que el medio aguinaldo de los trabajadores estatales correspondiente a junio se pague hasta en cinco cuotas, por lo que aquellos empleados públicos nacionales con sueldos brutos mayores a $80.000 lo cobraran en forma escalonada.

La recaudación tributaria de mayo tuvo un aumento nominal anual del 12,4%, lo que representó una caída en términos reales de más del 22% si se computa la inflación de los últimos doce meses.

La baja en la recaudación, además de los problemas para el pago de salarios y el funcionamiento cotidiano de la administración pública nacional, acarrea otros inconvenientes, si se tiene en cuenta que más de la mitad del gasto consolidado de las provincias se financia con recursos de la Coparticipación Federal de Impuestos.

Asimismo, dificulta la elaboración de un programa económico fiscal y financieramente consistente de cara a la negociación con los acreedores para la aceptación del canje de la deuda.

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