El Senado aprobó nuevas leyes para erradicar la violencia de género

Encabezada en la oportunidad por el presidente provisorio del Cuerpo, Oscar Vera, la Cámara de Senadores llevó adelante este jueves, la Cuarta sesión ordinaria, oportunidad en la que el Pleno puso el acento en la violencia de género recordando un nuevo aniversario de la primera marcha contra los femicidios y el grito unánime de “Ni una Menos”.

Fue en este marco que se dio media sanción al proyecto del senador Maximiliano Brumec sobre Declarar de Emergencia por la Violencia contra la mujer y la comunidad LGBTQ+ en la totalidad del territorio Provincial y se convirtieron en Ley las iniciativas por las que se Crea un Programa de Promotoras y Promotores Territoriales de Género y Diversidad “Micaela García”, y la Prevención de la Violencia Institucional. 

Emergencia por violencia familiar y de género 

Promovido por el senador Maximiliano Brumec y contando con despacho favorable, el Pleno trató y dio media sanción a la Ley por la que se declara la "Emergencia por Violencia familiar y de género” en la totalidad del territorio provincial, por el término de dos años a partir de la sanción de la presente Ley plazo que podrá prorrogarse fundadamente, por igual término.

La misma tiene por principales objetivos, visibilizar la problemática del elevado número de víctimas por violencia contra la Mujer y la población LGBTIQ+ en el territorio de la Provincia, advertir sobre sus riesgos, reforzar la política preventiva en la materia, y optimizar los recursos del Estado en la lucha contra este grave flagelo social.

La normativa girada a Diputados, establece entre sus artículos que dicha emergencia sea declarada política prioritaria para el Estado Provincial, además de Créase la "Mesa Institucional por la Emergencia Provincial en Violencia contra la Mujer”, la que funcionará con sede en la Legislatura de la Provincia y estará integrada por: Senadores integrantes de la Comisión de la Mujer, Género, Diversidad y Familia de la cámara Alta; representantes de la cámara de Diputados de la Comisión Derechos Humanos y de Género; del Poder Ejecutivo; del Poder Judicial; de la Secretaría Provincial de Mujer, Género y Diversidad; de la Red Provincial de Concejalas Catamarca, del Observatorio de Políticas de Género de la Cámara de Senadores de Catamarca y representantes de la población de LGBTIQ+.

Asimismo, la Ley estipula la creación, en todas las dependencias policiales de la provincia, una oficina de la mujer para con la finalidad de mejorar la atención y el asesoramiento a la víctima; además de un Programa de Centro de Abordaje de agresores en el marco de la lucha de Violencia de Género, el mismo estará a cargo de la Secretaría de Salud Mental,  destinado a las personas que fueron violenta con las mujeres según la Ley Nº 5434.-

“Aunque la prevención de la violencia contra la mujer y la respuesta a ella requiere un enfoque multisectorial, es menester implementar políticas de acción tendientes a:  Concienciar para que la violencia contra la mujer se considere inaceptable y sea tratada como un problema de salud pública; Prestar servicios integrales de calidad centrados en las mujeres que padecen este tipo de violencia y sensibilizar y capacitar a los prestadores para que atiendan sus necesidades con empatía y sin actitudes moralistas; Prevenir la recurrencia de la violencia mediante la detección temprana de mujeres y niños afectados por ella y la prestación de cuidados, servicios de derivación y apoyo apropiados; Promover normas de género igualitarias como parte de las aptitudes para la vida y la incorporación de una educación integral sobre sexualidad en los planes de estudio dirigidos a los jóvenes; y Generar pruebas sobre las medidas que funcionan y sobre la magnitud del problema mediante la realización de encuestas de población o la inclusión de la violencia contra la mujer en las encuestas poblacionales sobre demografía y salud, así como en los sistemas de vigilancia e información sanitaria”, expresa parte de los fundamentos de la iniciativa. 

Al inicio de sus fundamentos, el senador Brumec hizo su mención al cumplirse del primer movimiento Ni Una Menos; “desde la Comisión hemos acordando con diferentes asociaciones, referentes, red de Concejalas, Colegio de Abogados para trabajar de manera conjunta”. 

 “Este proyecto es para visibilizar, para reaccionar y que podamos empezar a legislar cuando hay tantos huecos a nivel jurídico y legislativo” manifestó el Senador al tiempo de considerar que “no estoy pidiendo solo que acompañemos el proyecto de ley con el voto, sino también que actuemos, como senadores, como padres, como hombres. Entendiendo que si hay una nueva femeneidad también debemos trabajar sobre una nueva masculinidad”, pronunció el legislador al solicitar además “estar al lado de las mujeres, comprometernos en la lucha y hablar de igualdad”. 

"Pido que acompañemos con el compromiso y poder decir como hombres, ni una menos”, finalizó. 

Promotoras y Promotores Territoriales de Género y Diversidad

“La presente Ley tiene como finalidad el cumplimiento e implementación de los objetivos establecidos en la legislación nacional en materia de Violencia de Género, como ser la Ley Nacional N° 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollan sus relaciones interpersonales” expresa entre sus artículos la Ley provincial a la que se asignó el N° 5692 , por la que se impulsa crear el Programa Provincial de Promotoras y Promotores Territoriales de Género y Diversidad “Micaela García”, promovido por la diputada Natalia Soria, teniendo en cuenta que “las promotoras y promotores promocionarán, planificarán y/o ejecutarán  estrategias y acciones para el fomento de la igualdad entre los géneros y la prevención de la violencia por razones de género”.

Tomando un extracto del nuevo proyecto a nivel nacional, la iniciativa suma a sus fundamentos que “la emergencia sanitaria que estamos atravesando, pone de manifiesto aún más, el incremento de denuncias por situaciones de violencia por motivos de género, en particular en el ámbito doméstico, el aumento del número de feminicidios y temas asociados dan cuenta de una problemática social que se agudiza y que requiere un abordaje a través de políticas públicas integrales. La necesidad de generar herramientas para prevenir la violencia machista, profundizar las acciones para intervenir, contener y acompañar a las mujeres, lesbianas, travestis, trans. y no binaries, al mismo tiempo que promuevan autonomía, amplíen derechos y oportunidades para las mujeres, géneros y diversidades sexuales que viven y trabajan todos los días en cada rincón de nuestra ciudad”.

“No hace falta ser o sentirse como mujer para defender sus derechos porque esto es una cuestión tan simple como ser humano” expresó el senador José Luis Martínez, quien ofició como miembro informante al tiempo de apuntar que se trata de una herramienta más para seguir trabajando con el objetivo de afianzar derechos e igualdad de todos los seres humanos.

Violencia institucional 

La Prevención de la Violencia Institucional, fue otro de los proyectos sancionados por la Cámara Alta al cual se le otorgó el N° 5691.

“La recuperación y vigencia del sistema democrático nos exige de manera permanente, arbitrar los medios a nuestro alcance para hacer efectivo el respeto de los derechos humanos de todos los ciudadanos, y prevenir cualquier forma de violencia institucional” consideró el senador Raúl Barot al dar lectura a los fundamentos de la autora de la iniciativa, diputada Cecilia Guerrero, quien además señala ser “menester que las fuerzas de seguridad sean formadas y debidamente especializadas a efectos de que, en el cumplimiento de su misión como garantes de la seguridad pública de la comunidad, se encuentren adecuadamente formadas y preparadas para brindar un servicio que sea acorde a los estándares democráticos que la evolución de los Pueblos requiere”.

En este sentido, también se manifiesta que “la prevención del delito no puede realizarse en desmedro del respeto a los derechos humanos, ni menos aún podrían permitirse prácticas policiales que soslayen o conculquen derechos y garantías constitucionales. Siendo que el Estado tiene el monopolio del uso de la fuerza pública, el que ejerce a través de las fuerzas de seguridad, tanto la Policía de la Provincia como los miembros del Servicio Penitenciario, deben estar formados y capacitados de modo tal que, en el desempeño de sus funciones específicas, garanticen el respeto de los derechos humanos de todos los ciudadanos”.