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El Senado analiza la creación de una ley para prevención de la tortura

El vicegobernador Rubén Dusso recibió a los miembros del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura; Andrea Triolo, Alejandra Mumbach y Gustavo Palmieri.

ACTUALIDAD 30/03/2022
Dusso

El vicegobernador Rubén Dusso recibió esta mañana a los miembros del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura; Andrea Triolo, Alejandra Mumbach y Gustavo Palmieri, junto a la directora de Mecanismos Locales, Silvina Irrázabal, para conversar sobre el trabajo de esta entidad nacional a nivel Federal y lograr una coordinación de estos mecanismos preventivos a nivel provincial.

El encuentro, donde también participó el secretario Parlamentario, Franco Dré y la directora parlamentaria, Agustina Crook, fue útil para conversar sobre el alcance de esta institución, que no solo cuenta con jurisdicción a nivel nacional federal, sino también a nivel de provincias, haciéndose hincapié en la Ley que Catamarca precisa generar e implementar para el monitoreo, control y seguimiento de los lugares donde se encuentran personas en situaciones de encierro.

El encuentro puso el detalle en las diferentes formas de elaborar e implementar dicha normativa, así como también permitió conversar sobre las distintas situaciones donde se ven implicadas situaciones como el encierro, ya sea a nivel institucional, como es el caso del sistema penitenciario, como no institucional, como en los casos donde se ven puestos en juego los derechos de la niñez y adolescencia. En el mismo sentido, se pudo ahondar también en las políticas de Salud Mental y de Tercera edad.

Sobre el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT)

Es un organismo de monitoreo, control y seguimiento de los lugares donde se encuentran personas en situaciones de encierro, constituido el 28 de diciembre de 2017. Tiene como finalidad actuar como órgano rector articulando y coordinando el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. También diseñar y recomendar acciones y políticas para la prevención de la tortura, y promover la aplicación de directivas, recomendaciones y criterios a las autoridades competentes a nivel nacional, provincial y municipal.

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