Se viene flor de pelea por el nuevo salario mínimo

País 02/08/2018
Para mediados de este mes el Ministerio de Trabajo convocará a la CGT, las CTA y las cámaras empresarias para definir el nuevo salario mínimo. Los sindicalistas pretenden un 30%, el piso de inflación estimado para este año.
Triaca sonrie
Jorge Triaca.

En medio el conflicto del gobierno con el moyanismo y otros gremios, en la segunda semana de agosto el Ministerio de Trabajo convocará a las centrales obreras -la CGT y las dos CTA y también a las cámaras empresarias- al Concejo del Salario para definir el nuevo salario mínimo: la propuesta oficial es ajustar ese número -hoy en $10 mil- en un 25%, la nueva pauta aplicada en los acuerdos de revisión, que sería rechazada por los sindicalistas, que pretenden un mínimo un 30%, el piso de la inflación estimado para este año.

La escalada inflacionaria de los últimos 3 meses hizo caer la pauta oficial del 15% que firmaron distintos gremios, que ahora intentan recomponer salarios con un plus del 10% y cuyo puntapié inicial lo dio la Federación de Empleados de Comercio, tal como fue informado en exclusiva por este diario en su edición del 27 de junio.

El último martes el propio Mauricio Macri vaticinó que la inflación terminará en 2018 “alrededor del 30%”, duplicando lo previsto en el presupuesto, alza que atribuyó al “tormentón” que, sostiene, disparó la cotización del dólar y que generó una crisis financiera aún en ciernes. Lo cierto es que el IPC aún no encuentra su techo: a las subas tarifarias en transporte, ayer se confirmó que desde mañana sube el subte a $12,50 y las naftas nuevamente la semana próxima.

Con paritarias a la baja, el gobierno intentará actualizar el salario mínimo, vital y móvil y llevarlo a $12.500: informalmente se conoció que se aceptaría una suba del 25%. Esa suma también representa una herramienta de cálculo para determinar el salario social complementario (SSC), que representa la mitad del mínimo y es percibido por los beneficiarios de planes sociales, como Hacemos Futuro que coordina Desarrollo Social. También es utilizado como parámetro para el piso de los sueldos docentes a nivel nacional y de un sector de los jubilados.

Sin embargo, los jefes sindicales rechazarían ese porcentaje de aumento. Con un piso de inflación del 30% y el nivel tensión existente con el Ejecutivo, no les quedaría otra alternativa. “Ese número no corre: si la canasta básica para una familia cuesta $19 mil y el mínimo está en $10 mil, es inaceptable un 25%. Pero vemos que buscan confrontar y no están abiertos al diálogo que tanto declaman”, azuzó un líder sindical consultado por este diario.

En caso de no haber acuerdo, el Ejecutivo podría fijar el salario mínimo a través de un decreto, tal como ocurrió en el 2017.

En plena confrontación con Hugo Moyano por el embargo de las cuentas de Camioneros por $810 millones -por incumplir una conciliación obligatoria y otro proceso en marcha por un segundo incumplimiento- el choque con los gremios docentes -en Provincia le ofrecen un aumento de 16,7% más revisión-, y conflictos persistentes con portuarios y trabajadores de Vialidad, en el gobierno saben que no será fácil acordar con los popes sindicales.

La fecha de la convocatoria al Concejo del Salario no está confirmada pero será en la segunda semana del corriente, aseguran en la cartera de calle Alem.

La tensión con el sindicalismo se percibe también en el conflicto existente con la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina (FeMPINRA), que fue convocada a la sede de la cartera laboral. Es que el gremio fue reprimido en las últimas horas por personal de Prefectura ante la protesta por el despido 159 trabajadores de Terminales Río de la Plata (TRP), empresa que ya presentó el Procedimiento Preventivo de Crisis a la cartera laboral.

Por su parte, el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA), alerta que esta semana se conocieron 140 retiros voluntarios en la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), que se suman a los 352 despidos ratificados por la administración.

“Hay un apriete global al movimiento obrero. Acá se quiere declarar nuevamente al transporte como servicio esencial para evitar las huelgas, algo prohibido por la jurisprudencia”, confió el jefe sindical. Al ser consultado sobre la velada advertencia oficial a Camioneros sobre una posible quita de la personería gremial en caso que se concretaran medidas de fuerza por el embargo judicial, respondió que “de este gobierno se puede esperar cualquier cosa. Y no hay ningún tipo de diálogo abierto”.

Cerca del ministro Jorge Triaca admiten que los puentes con el moyanismo están rotos y que informalmente hay comunicaciones con Héctor Daer, uno de los integrantes del triunvirato que conduce la CGT. Con Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña, los otros dos secretarios generales ratificados tras la suspensión del confederal del 22 de agosto, no hay sintonía. En la cartera laboral afirman que el movimiento obrero necesita referentes sindicales “modernos”.

En el oficialismo admiten que continuará la disputa con Hugo Moyano más allá de la suerte de su gremio: en los próximos días podrían surgir “malas noticias” judiciales para la postal OCA, cuya continuidad resulta de vital interés para el camionero, y que tiene una deuda multimillonaria con Afip que desencadenó la ulterior intervención judicial.

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