El Poder Ejecutivo Nacional comenzó a evaluar la posibilidad de impulsar un pacto fiscal con las provincias para avanzar con una reforma tributaria de fondo a partir del 1 de marzo, tras haber retirado el artículo de Ganancias de la reforma laboral que se trata este miércoles.
En los despachos oficiales admiten que no existe margen político ni financiero para encarar un rediseño impositivo durante 2026 sin el aval explícito de los gobernadores. La intención en la Casa Rosada es alcanzar un acuerdo amplio que permita coordinar la baja de tributos, advirtiendo que “no podemos mover una baja relevante de impuestos nacionales si las provincias y los municipios no acompañan con los suyos”.
Esta estrategia busca evitar nuevas tensiones legislativas como las ocurridas recientemente, cuando el oficialismo debió eliminar la baja del impuesto a las Ganancias para sociedades ante la presión de los mandatarios provinciales, quienes alertaron por el impacto negativo en la coparticipación.
Actualmente, el círculo presidencial reconoce que las opciones son limitadas y que propuestas como la modificación del IVA no resultan viables en el corto plazo por la necesidad de sostener la recaudación, señalando que “hay ideas que nos gustan, pero no son ejecutables con este margen fiscal”.
El esquema que gana terreno en el Gobierno consiste en avanzar de forma fragmentada con proyectos de bajo costo fiscal, dejando las transformaciones estructurales supeditadas a un acuerdo federal que incluya la revisión de impuestos provinciales como Ingresos Brutos. Desde el equipo económico insisten en que cualquier reducción impositiva debe estar respaldada por el crecimiento económico y la formalización laboral.
En este contexto, no se descarta que la discusión se extienda durante todo el año e incluso que las medidas de mayor alcance se posterguen para 2027, mientras se planifica una convocatoria a los gobernadores para dar continuidad al trabajo técnico del Consejo de Mayo.