Catamarca y la Universidad del Litoral realizarán un estudio para evaluar la política Penitenciaria

El gobernador Raúl Jalil se reunió con el profesor Máximo Sozzo, sociólogo y director del programa Delito y Sociedad de la Universidad Nacional del Litoral, para avanzar en un convenio entre el Gobierno de la Provincia y la universidad.

El acuerdo permitirá la realización de una encuesta pionera en la provincia, dirigida a personas privadas de la libertad, con el objetivo de generar una serie de indicadores que evalúen la política pública penitenciaria. Se pretende, con esos indicadores, elaborar estrategias para reducir los niveles de reincidencia y mejorar los niveles de reinserción social. Al hacer esto, no solo se mejora la calidad de vida de las personas, sino que también se contribuye a disminuir la delincuencia y fortalecer la seguridad ciudadana.

La encuesta, diseñada para ser aplicada a una muestra representativa de los detenidos, analizará diversas dimensiones de la calidad de vida dentro de la prisión. "Esto permitirá crear un conjunto de indicadores que, a lo largo del tiempo, nos permitirá evaluar si la calidad de vida en las prisiones mejora o empeora", explicó el profesor Máximo Sozzo.

El proyecto se llevará a cabo en el Servicio Penitenciario de Catamarca, abarcando las dos unidades penitenciarias de varones y mujeres. Participarán estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Catamarca, lo que facilitará un acercamiento entre la comunidad académica y el entorno penitenciario, ofreciendo una experiencia formativa valiosa para los estudiantes.

Este estudio de monitoreo que busca determinar la situación  de los internos, ya fue concretado en unidades carcelarias de las provincias de Santa Fe y Chaco con resultados satisfactorios.

Participaron de la reunión el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Fernando Ávila; la ministra de Seguridad, Fabiola Segura; la ministra de Economía, Alejandra Nazareno; la presidenta de la Corte de Justicia, Fernanda Rosales Andreotti; el fiscal General, Alejandro Gober y el decano de la Facultad de Derecho, Gonzalo Salerno, entre otras autoridades.