Tras la confirmación de la condena por parte de la Corte Suprema de Justicia en la causa Vialidad, que dictaminó seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, titular del Partido Justicialista (PJ), se encontraba en una situación que abría la puerta a una posible prisión domiciliaria. Esta posibilidad se amparaba en la Ley 26.472, dado que la exmandataria cumplió 72 años el pasado 19 de febrero de 2025.
En este contexto, en el seno del oficialismo se discutían alternativas concretas sobre el lugar donde la expresidenta cumpliría su condena en caso de que le fuera concedido el beneficio de la prisión domiciliaria.
Hasta el intento de asesinato ocurrido el 1 de septiembre de 2022, Cristina Kirchner residía habitualmente en su departamento del barrio porteño de Recoleta, ubicado en la intersección de Juncal y Uruguay. Sin embargo, este inmueble, conocido por ser escenario de numerosas manifestaciones políticas, tanto a favor como en contra, se había transformado en un punto de exposición pública constante. Tras el atentado, la titular del PJ optó por trasladarse a una zona menos visible y con menor circulación política y mediática.
Desde aquel momento, Cristina Kirchner alternaba su estadía entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y El Calafate, en Santa Cruz, donde tenía su domicilio legal registrado. En la capital argentina, se instaló en un departamento antiguo del barrio de Constitución, en las inmediaciones de Avenida San Juan y la calle San José. Según fuentes del PJ, esta propiedad se presentaba como la opción más probable para cumplir una eventual prisión domiciliaria, en caso de que el Tribunal Oral Federal N°2 (TOF 2) autorizara dicho beneficio. Se consideraba que el departamento en Constitución, además de ser de perfil bajo y menos conocido, ofrecía la ventaja de encontrarse en el mismo edificio donde residía su hija, Florencia Kirchner, lo que se evaluaba como un factor favorable desde el punto de vista familiar y logístico.
Por otra parte, la casa en El Calafate seguía siendo una opción posible, ya que figuraba como el domicilio legal de la exmandataria. No obstante, su actividad política más reciente, centrada en la Ciudad de Buenos Aires y en encuentros frecuentes en la sede del PJ nacional y en el Instituto Patria, la había mantenido la mayor parte del tiempo en CABA. La distancia con la capital federal y la complejidad logística que implicaría trasladarla de manera regular ante eventuales requerimientos judiciales jugaban en contra de esa alternativa.
Finalmente, dos escenarios menos probables, aunque contemplados en caso de una detención inmediata, eran el traslado transitorio de la expresidenta a la Alcaidía de Mujeres, ubicada en la intersección de Cavia y Figueroa Alcorta, un espacio destinado a detenidas por causas federales, o el alquiler de una vivienda en el conurbano bonaerense. Sin embargo, se aclaró que estas serían consideradas medidas provisorias hasta que se definiera el domicilio donde podría cumplir con el régimen de detención domiciliaria, en caso de ser concedido.