El Gobierno logró un triunfo contundente en el Senado al aprobar por 42 contra 30 votos el proyecto de modernización laboral, una de las principales iniciativas que el oficialismo propone para favorecer la creación de nuevos empleos. Ahora, la norma será girada a la Cámara de Diputados y el oficialismo aspira a poder votar esa iniciativa antes del 27 de febrero, según informaron fuentes parlamentarias a la Agencia de Noticias Argentinas.
El Gobierno de Javier Milei cosechó 42 votos que fueron aportados por La Libertad Avanza, el radicalismo, el PRO, Independencia, Frente Social de la Concordia, Despierta Chubut, Primero los Salteños, Provincias Unidas, Frente Cívico y La Neuquinidad.
De esta manera, el oficialismo recibió el apoyo de los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz; de Tucumán, Osvaldo Jaldo; de Chubut, Ignacio Torres; de Neuquén, Rolando Figueroa; de Corrientes, Juan Pablo Valdés; de Córdoba, Martín Llaryora; y de Misiones, Hugo Passalacqua. Por su parte, los 30 votos de rechazo a la ley fueron aportados por el interbloque del peronismo conformado por el bloque Justicialista, Convicción Federal y el Frente Cívico de Santiago del Estero, que reunió 28 voluntades a las que se sumaron dos legisladores de Santa Cruz.
En el último tramo de la sesión asistieron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli; el subsecretario Eduardo “Lule” Menem; y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
Tras la aprobación del Presupuesto 2026 en diciembre último, la reforma laboral es una de las leyes más importantes que el Gobierno aspira a sancionar luego de la Ley Bases aprobada en 2024. El proyecto contempla incentivos para promover el ingreso al empleo formal con la baja de impuestos, topes a las indemnizaciones, habilita los convenios por empresa, crea el banco de horas y establece límites al derecho de huelga en los servicios esenciales.
Durante la discusión en particular, el oficialismo no aceptó las modificaciones propuestas por diferentes senadores peronistas. No obstante, en el capítulo referido al aporte obligatorio a los gremios, el senador del PRO, Martín Goerling Lara, propuso volver a la propuesta original del Gobierno para que esos aportes sean voluntarios, obteniendo en ese tramo 40 votos.
A último momento, el oficialismo incluyó el traspaso de la justicia laboral a la Ciudad como un anexo a la ley. Asimismo, se mantuvo la decisión de autorizar solo a las entidades bancarias para pagar los sueldos, postergando la inclusión de las billeteras virtuales hasta que se adecuen a las normas del Banco Central. También se votó que se mantenga el sistema de aportes que hacen los afiliados a los gremios con un tope del 2%, mientras que las cámaras empresarias recibirán aportes con un límite del 0,5%. Respecto al Instituto Nacional del Cine (INCAA), se decidió que mantendrá su sistema de financiamiento actual hasta 2028, pasando luego a sostenerse con partidas del Presupuesto Nacional.
En el cierre del debate, la presidenta de la bancada de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, defendió fervientemente el proyecto y sostuvo que el esquema actual es parte de una “legislación obsoleta” que mantiene al país “anclado en el pasado”. Por el contrario, el presidente del interbloque Justicialista, José Mayans, denunció que la iniciativa es “inconstitucional” y aseguró que “va a fracasar”, agregando que: “Este proyecto así como está redactado viola el artículo 14 bis de la Constitución y también el Pacto de San José de Costa Rica”.
Previamente, el senador libertario Juan Cruz Godoy aseguró que el proyecto busca solucionar “el miedo que tienen los empleadores a contratar por los riesgos de litigios laborales”. En contrapartida, el senador Mariano Recalde indicó que la norma “no está pensada para generar trabajo” y concluyó: “Esta ley vuelve a la redacción de 1929. ¡Qué moderno! Ustedes aborrecen la justicia social y la paz también”. Finalmente, la senadora radical Carolina Losada afirmó que con este marco “va a haber más inversión, más empresas y mejores jubilaciones”.
Uno de los puntos más cuestionados en el cierre fue la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), destinado a financiar despidos, el cual recibió críticas incluso de sectores que acompañaron la votación en general.