El Gobierno evalúa el impacto fiscal de los cambios en el presupuesto que reclaman los gobernadores

El Gobierno evalúa el impacto fiscal de las medidas que les pidieron los gobernadores y busca que acompañen el dictamen oficial del Presupuesto 2025. El Ejecutivo pidió que se suspenda el tratamiento del proyecto mientras se mantienen las negociaciones.

Los principales reclamos en debate son por los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) no distribuidos -unos $293.000 millones-, el financiamiento de cajas jubilatorias -$322.000 millones- y la reducción de aportes por la disolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos -$221.000 millones-.

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También las compensaciones pendientes del consenso fiscal del 2017 ($1000 millones) y la coparticipación del Impuesto a los Combustibles Líquidos ($1700 millones), entre otros. Según pudo saber TN, el oficialismo cuenta que la totalidad de los pedidos llega a $3700 millones.

La mesa chica de Balcarce 50 sostiene que mantendrá las negociaciones con los mandatarios, pero asegura que “no habrá cambios sobre el equilibrio fiscal”. La Casa Rosada asegura que convocará a sesiones extraordinarias sólo si hay un acuerdo con los gobernadores para que acompañen el proyecto presupuestario.

El asesor presidencial Santiago Caputo recibió hoy al titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda en Diputados, José Luis Espert, antes de que el diputado anunciara la suspensión de la reunión de comisión de hoy.

El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, también estuvieron con el consultor. “Estamos haciendo las cuentas para que de alguna forma se llegue a un acuerdo”, expresó a TN un alto funcionario.

El Gobierno busca conseguir las firmas para el dictamen para tratar el proyecto en el recinto la semana que viene. Descarta además un aumento a las partidas universitarias y apuntan a impulsar a la par el tratamiento de la reforma política, que incluye la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

El sector más ortodoxo del Ejecutivo sostiene que “siempre estuvo dentro de las posibilidades que no se aprobara” e insiste en que continuará ampliando partidas por decreto en caso de que no se sancione.