En una sesión especial que se desarrolló con tensión, el bloque oficialista del Frente de Todos logró obtener la cantidad de votos necesarios en la Cámara de Diputados para mantener en firme el decreto acuerdo que había introducido modificaciones a la Ley del Defensor del Pueblo. La votación concluyó con 21 votos a favor del decreto, provenientes del Frente de Todos, el diputado Hugo Ávila del Frente Amplio Catamarqueño y Fernando Baigorrí del MID, sobre un total de 41 diputados presentes, con 18 votos en contra y 2 ausencias. Con la aprobación ya obtenida en ambas cámaras de la legislatura provincial, el decreto acuerdo quedó sancionado y adquirió fuerza de ley. De esta manera, también se ratificaron los artículos de la ley original que tanto la Cámara de Diputados como el Senado habían decidido conservar, rechazando los cambios que el Poder Ejecutivo provincial había propuesto. Específicamente, estos artículos establecieron un límite de mandato de 10 años (frente a los 12 que proponía el decreto), mantuvieron el sueldo del Defensor equiparado al de un diputado provincial (en contraposición al sueldo de un miembro de la Corte de Justicia que pretendía el Ejecutivo), y redujeron algunas facultades que se consideraban extraordinarias.
Ahora, la atención se centró en el Senado provincial, donde se esperaba la pronta aprobación de los pliegos de Dalmacio Mera como Defensor del Pueblo. Una vez resuelta la discusión en torno a la modificación de la ley, no se descartó que la Cámara alta tratara en su siguiente sesión la designación del ex ministro de Educación, quien ya se encontraba ejerciendo el cargo de manera interina. Precisamente, la figura de Dalmacio Mera fue uno de los puntos centrales del debate que tuvo lugar el día anterior. La sesión comenzó con la presencia en sus bancas de los diputados del Frente de Todos, junto a Hugo Ávila y Fernando Baigorrí. Una vez que se aseguró el quórum necesario, se incorporó el resto de los legisladores de la UCR, LLA y el PRO.
Durante el debate del proyecto, el presidente del bloque oficialista, Gustavo Aguirre, explicó que el dictamen resultante de la Comisión de Asuntos Constitucionales había recomendado la aprobación del decreto, aunque con la derogación parcial de varios de sus artículos. “Uno de los puntos que vuelve a lo establecido por la ley es el artículo 4º, que se refiere a la duración del mandato. El Ejecutivo proponía una duración de 12 años, pero el dictamen deja vigente la norma original: cinco años con posibilidad de reelección, lo que significa que, si quiere renovar, esa persona deberá atravesar el mismo proceso de designación”, detalló Aguirre.
El legislador oficialista también indicó la modificación del artículo 7º, relacionado con la remuneración del Defensor del Pueblo: “El decreto planteaba un salario igual al de los miembros del Tribunal de Cuentas, pero el dictamen propone sostener lo que ya establece la ley, es decir, una remuneración igual a la de un diputado provincial”. Asimismo, Aguirre señaló que el dictamen contempló la derogación de otros artículos, entre los que mencionó el 11º y el 12º, que buscaban ampliar el alcance del Defensor a las personas jurídicas privadas que prestan servicios públicos; el 17º, que le permitía al Defensor eludir el control de la Comisión Bicameral Permanente en la aprobación de su estructura orgánica; y el 18º, que modificaba el procedimiento de aprobación del Reglamento Interno de la Defensoría.
Desde la oposición, el diputado Tiago Puente de la UCR expresó su postura argumentando que “la Defensoría del Pueblo nació para proteger a los ciudadanos. ¿Cuando los derechos son pisoteados, a quién van a acudir los catamarqueños? ¿A una persona que fue parte del gabinete de Gobierno?”. En este sentido, afirmó que “la modificación -las derogaciones parciales- son para legitimar lo que ya decidió el Ejecutivo. No es una decisión institucional, es un traje a medida”. Con la mirada puesta en Mera, el diputado acusó al oficialismo de “armar un circo para acomodar a un amigo del poder” y cuestionó: “Están demasiado preocupados para que Dalmacio Mera cobre el aguinaldo porque si no, no se entiende porqué hacen esta jugada”.
Por su parte, el presidente del bloque de La Libertad Avanza, Adrián Brizuela, también dirigió sus críticas hacia el exministro, manifestando que “el tema Mera incomoda al oficialismo”. Asimismo, planteó interrogantes sobre las motivaciones detrás de esta acción al preguntar: “¿Qué hay detrás de la movida y de la insistencia de que este nombramiento salga sí o sí?”. Brizuela sostuvo que “si hay algo en lo que seguramente todos los aquí presentes están de acuerdo, es que la persona propuesta para el cargo de Defensor del Pueblo no tiene los más mínimos consensos, ni políticos ni sociales”. El legislador libertario también anticipó el voto negativo de su bancada, considerando que “el decreto modifica el procedimiento de elección del Defensor del Pueblo y eso es lo que se está cuestionando desde la oposición”.
La presidenta del bloque radical, Silvana Carrizo, también manifestó su desacuerdo con el decreto acuerdo del Ejecutivo y con la estrategia del oficialismo de aprobar parcialmente el instrumento. “El rechazo parcial no es una defensa de la legalidad. Es un intento de vestir con ropaje constitucional lo que fue, desde el inicio, una maniobra política sin sustento normativo”, expresó la legisladora, señalando la existencia de varios vicios de legalidad en el decreto. Finalmente, Carrizo concluyó su intervención con una fuerte crítica hacia el oficialismo: “No vamos a ser cómplices de una agenda que prioriza las designaciones políticas por sobre la dignidad de la gente”.
En la etapa final del debate, Gustavo Aguirre respondió a las acusaciones de la oposición, argumentando que con su rechazo “está avalando tal como viene el decreto del Ejecutivo”. En relación a la legalidad del decreto acuerdo, Aguirre remarcó que la propia Constitución provincial establece que “los decretos dictados durante el receso legislativo tendrán validez y solo podrán ser derogados total o parcialmente por la Legislatura”, concluyendo que “no hay cuestionamientos desde el punto de vista legal sobre este acto administrativo”.