La Unión Tranviarios Automotor (UTA) ha decidido llevar adelante un paro de colectivos de 24 horas en todo el territorio nacional para el próximo martes 6 de mayo. La medida de fuerza fue confirmada hoy por el sindicato tras semanas de negociaciones paritarias infructuosas con las empresas del sector y el vencimiento de la conciliación obligatoria dictada por el Gobierno nacional.
En un comunicado, la UTA expresó su rechazo a la oferta salarial de los empresarios, quienes propusieron un “incremento remunerativo de menos del 6% a pagarse a partir del mes de junio” para los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio. A esto se suman sumas no remunerativas de $40.000 para el 26 de mayo, $50.000 el 16 de junio y $70.000 el 15 de julio. El gremio calificó esta propuesta como una “falta de respeto”.
La audiencia celebrada este miércoles entre las partes concluyó sin un acuerdo que permitiera desactivar la medida de fuerza. La UTA, representada por Roberto Fernández, Jorge Kiener, Luis Arcando y Francisco Valdez, reclama un aumento del salario básico de los choferes desde los actuales $1.200.000 a $1.700.000.
La discusión salarial se encuentra estancada desde el 7 de marzo, fecha en la que el Estado activó la conciliación obligatoria ante la falta de avances. Desde entonces, la UTA participó en diversas reuniones sin lograr compromisos formales por parte de las empresas. En la última audiencia, los empresarios no presentaron ninguna oferta concreta ante el Ministerio de Capital Humano, lo que generó un fuerte rechazo por parte de los sindicalistas.
Las cámaras empresariales argumentan que el esquema vigente de tarifas y subsidios los coloca en una situación de desfinanciamiento estructural. El secretario de FATAP, Gustavo Larrea, afirmó durante la audiencia que el sector “no puede formular ninguna propuesta” por carecer de los fondos necesarios, señalando un déficit operativo del 40%.
La UTA ya había rechazado una propuesta anterior de bonos no remunerativos por considerar que equivalía a menos del 1% de aumento mensual frente a una inflación que ronda el 3% o 4%, calificándola como un “avasallamiento a la dignidad” de los trabajadores.
El conflicto se desarrolla en un contexto de deterioro del sistema de transporte urbano, donde el precio real del boleto sin subsidios es significativamente mayor a lo que pagan los usuarios, generando un desfinanciamiento para las empresas. El congelamiento tarifario impuesto desde agosto para las líneas nacionales también agrava la situación.
Si bien la Secretaría de Trabajo intentó mediar en el conflicto, el Gobierno nacional mantiene una postura de no intervención directa, considerándolo una paritaria entre privados, a pesar de su rol en la definición de tarifas y subsidios. La medida de fuerza de la UTA para el próximo martes 6 de mayo amenaza con paralizar el transporte público en todo el país si no se logra un acuerdo en los próximos días.