El oficialismo de La Libertad Avanza, junto a bloques de la oposición dialoguista como el PRO, la UCR, un sector de Encuentro Federal, Democracia para Siempre (DPS), Innovación Federal y la Coalición Cívica, lograron este martes firmar un dictamen de mayoría en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados para reformar el régimen penal juvenil y bajar la edad de imputabilidad a los 14 años.
La diputada del PRO, Laura Rodríguez Machado, anunció que el despacho de mayoría contaba con 77 firmas, superando así al dictamen de Unión por la Patria, que se mantuvo firme en mantener los 16 años como la edad mínima de punibilidad. Cabe recordar que en junio del año pasado, el Poder Ejecutivo había presentado un proyecto que incluso proponía bajar la edad de imputabilidad a los 13 años.
Tras ocho reuniones informativas en las que participaron diversos expertos, en su mayoría críticos de la propuesta original del Gobierno, el oficialismo y sus aliados lograron consensuar una nueva reforma del régimen penal juvenil, incorporando modificaciones respecto al proyecto inicial. Durante la jornada, Unión por la Patria intentó obstaculizar el dictamen de mayoría, incluso cambiando a diputados massistas que inicialmente se habían mostrado a favor de bajar la edad de imputabilidad. Además, el presidente de la bancada de UP, Germán Martínez, propuso sin éxito posponer la firma de los dictámenes, argumentando que el tema no estaba suficientemente debatido.
La presidenta de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes, Roxana Reyes (UCR), celebró el avance del proyecto, calificándolo como “una asignatura pendiente de este Congreso”. Destacó que el objetivo principal del Régimen Penal Juvenil es la resocialización, la educación y la contención de los jóvenes en conflicto con la ley penal.
En contraposición, el diputado del Frente de Izquierda, Christian Castillo, calificó la propuesta como una “bomba de humo” que no resolverá los problemas planteados. Advirtió que la evidencia internacional demuestra que la baja de la edad de punibilidad no disminuye la delincuencia juvenil, sino que incluso puede aumentarla.
Por su parte, la diputada de la Coalición Cívica, Marcela Campagnoli, aclaró que el proyecto actual difiere significativamente de la propuesta original del Poder Ejecutivo, incorporando importantes “garantías procesales” para los jóvenes de entre 16 y 18 años, derechos de los que carecen actualmente bajo el régimen tutelar vigente. Campagnoli enfatizó que la baja de edad por sí sola no es la solución, sino que el enfoque integral del proyecto busca la reinserción social del menor a través de medidas socioeducativas y la supervisión de un equipo interdisciplinario.
El diputado de Democracia para Siempre, Fernando Carbajal, también acompañó el dictamen de mayoría, diferenciándose del “eslogan mentiroso y despreciable de que al delito de adulto le corresponde pena de adulto” que, según él, promueve el Gobierno. Destacó que el proyecto establece límites a las penas de prisión efectiva para menores, aplicándose solo en casos de delitos extremadamente graves con penas superiores a 10 años.
Desde Unión por la Patria, el diputado Matías Molle lamentó que no se hayan escuchado los argumentos críticos de la mayoría de los expertos que participaron en las audiencias informativas, sugiriendo que el debate fue una “obra de teatro” para legitimar una decisión preexistente. Criticó la falta de presupuesto para implementar la reforma y cuestionó la prioridad de discutir el encarcelamiento de jóvenes en lugar de la prevención del delito. José Glinski, también de UP, calificó el tratamiento del tema como una “farsa” con el objetivo de generar cobertura mediática.
El proyecto que obtuvo dictamen de mayoría baja la edad de imputabilidad a los 14 años y establece penas máximas de 15 años para menores, excluyendo la prisión perpetua. Ahora deberá ser debatido en el recinto de la Cámara de Diputados.