El Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, solicitó a la Corte Suprema de Justicia que se eleve a 12 años la pena de prisión contra Cristina Kirchner en el marco de la causa Vialidad, donde se la juzga por asociación ilícita y corrupción. Esta solicitud se produce después de que la Corte pidiera al Procurador que dictaminara si correspondía revisar la condena de 6 años o elevarla a 12, como había solicitado previamente el fiscal de Casación, Mario Villar.
Casal cuestionó las absoluciones por el delito de asociación ilícita, argumentando que “lo propio de la figura es que la efectiva preparación de un plan no agote los fines de la asociación, los cuales desbordan el plan concreto para dirigirse, sin total y detallada previsión, a otros hechos distintos”. En este sentido, sostuvo que “esa era la exacta característica de la organización conformada por los imputados, pues cuando el grupo se constituyó no se acordó ‘un catálogo detallado de cuáles iban a ser las conductas concretas 4 que se ejecutarían para cumplir con los fines defraudatorios'”. El dictamen del Procurador señala que “no es que se hubiera efectuado un listado indicativo de cuánto dinero se quería sustraer de las arcas del Estado de las obras viales a ejecutar, precisando cómo se llevarían a cabo las licitaciones, cómo se justificarían los sobreprecios que se constataron, cómo se efectuarían los pagos, ni en general las numerosas ilegalidades constatadas”.
Además de Cristina Kirchner, Casal también pidió que se revoquen las absoluciones de Julio De Vido, Abel Fatala y Héctor Garro. Según el jefe de los fiscales, De Vido “no sólo adaptó su contribución a un plan criminal en curso que conocía a la perfección, sino que más bien fue uno de sus principales organizadores”. Respecto a Garro, el dictamen sostiene que “conocía en detalle el plan para otorgar en forma fraudulenta contratos de obra pública a Austral Construcciones, y que ese conocimiento habría sido, con toda probabilidad, la razón por la cual se lo promovió al cargo de presidente de vialidad provincial, desde el cual realizó los actos que sí constituían el núcleo de la imputación”. El documento también señala que dichos funcionarios dictaron “numerosos actos administrativos en el marco de su competencia, por los cuales lisa y llanamente se asignaron los fondos del presupuesto necesarios” para que la empresa de Lázaro Báez fuera el único contratista de obra vial.
El dictamen de Casal, aunque relevante, no es vinculante, y la decisión final sobre la pena de Cristina Kirchner recae en la Corte Suprema. Previamente, la Cámara Federal de Casación Penal había rechazado la apelación de la exmandataria, argumentando que no se habían refutado “todos y cada uno de los fundamentos que dieron sustento a la decisión apelada en relación con las cuestiones federales invocadas”. Tras esta decisión, la defensa de Cristina Kirchner, encabezada por Carlos Beraldi, presentó un pedido de absolución ante la Corte Suprema, solicitando que se revierta la pena a seis años de prisión por “irregularidades” en la concesión de obras públicas en Santa Cruz a favor de Lázaro Báez.